• Un  pacto  por  la  conservación  del  patrimonio  de  la  ciudad

    Un pacto por la conservación del patrimonio de la ciudad

    Me atrevería a afirmar, sin riesgo a equivocarme, que pocas cosas hay en San Sebastián que conciten mayor consenso y acuerdo que la necesidad de preservar nuestro patrimonio artístico y arquitectónico. La inmensa mayoría de los colectivos, asociaciones, particulares e instituciones académicas con los que he podido abordar la cuestión, y, también, la totalidad de los partidos políticos, compartimos, junto a un gran número de donostiarras, la voluntad y el deseo de que nuestra ciudad no pierda su esencia histórica, encarnada en multitud de edificios singulares y demás elementos arquitectónicos que conforman uno de los entornos urbanos más bellos y singulares de Europa. El interés que ha suscitado la exposición ‘La ciudad que perdimos’, en el marco de la recién clausurada Bienal de Arquitectura, es una muestra de esa sensibilidad que existe en la ciudad.

    Este consenso y esta preocupación no son recientes. Sin remontarnos mucho en el calendario, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en 2014 el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (PEPPUC), que salvaguarda, en diferentes grados de protección, un total de 1.057 construcciones. El equipo de gobierno, además, está tramitando una ampliación de este documento con otras 47 fichas con el objetivo, entre otros, de proteger las villas de Ondarreta.

    No comparto por tanto la pretensión de algunos colectivos que quieren trasladar la sensación de que no existe una protección suficiente en la ciudad y de que, prácticamente toda ella, está en peligro y con riesgo de desaparecer. La singularidad de lo que es hoy nuestra ciudad está a salvo. Un ejemplo: la nueva estación del Tren de Alta Velocidad va construirse conservando y protegiendo la actual Estación del Norte, por su carácter histórico, su valor arquitectónico y propio de una época, y va a estar incardinada además con el edificio de Tabakalera.  Es un ejemplo de cómo lo nuevo y lo histórico pueden convivir y dialogar.

    Creo necesario sin embargo introducir ciertas dosis de sensatez en este debate, para que su derivada pública e institucional no se convierta en una carrera para ver quién es “el más protector de la clase”. Pese a lo obvio, es preciso recordar que en esta cuestión está en juego, junto al interés público, el derecho a la propiedad, elementos básicos ambos para el buen funcionamiento de nuestro sistema. Y que una aplicación arbitraria del legislador de su competencia protectora puede conllevar en un futuro gravosas consecuencias económicas para las arcas públicas y, en definitiva, para el interés general que se pretende defender.

    También es oportuno señalar que no podemos caer en el proteccionismo a ultranza, que deviene indefectiblemente en una ciudad congelada en el tiempo. De aplicarse estos criterios, todavía no se habrían derribado las murallas de la ciudad vieja, no se hubieran construido los diferentes ensanches, ni se habrían abordado toda una serie de actuaciones que, -es de justicia reconocer por respeto a nuestros predecesores-, se han realizado con buen juicio y sentido del mejor urbanismo. Toda ciudad debe de tener una ‘tasa de reposición’ de sus edificios y elementos urbanos, aquella parte de su espacio público que debe renovarse y urbanizarse conforme a las necesidades funcionales de la ciudad o al uso que de ella hagan sus habitantes. La medida justa está en que esa tasa respete el pasado valioso, se proyecte al futuro y, por supuesto, introduzca elementos aún mejores que los que han desaparecido.

    Cosa distinta es que podamos ir más allá en el trabajo realizado hasta ahora. Creo que estamos en condiciones de hacerlo, y de hacerlo bien. Por ello, entiendo necesario que los diferentes agentes involucrados en esta cuestión –instituciones, academia, colegios  profesionales, asociaciones y personas interesadas- desarrollemos un trabajo para ampliar el PEPPUC. Un trabajo que, a mi juicio, debería sustentarse en tres pilares. El rigor técnico e histórico, para alejar el fantasma del voluntarismo o la arbitrariedad. El consenso, profesional, académico y político. Y la seguridad jurídica, para evitar futuros pleitos y eventuales responsabilidades patrimoniales.

    San Sebastián dispone de un entramado privilegiado para abordar con valentía y sentido común este debate: disponemos de un Colegio de Arquitectos, una Escuela de Arquitectura de la UPV, -pronto dispondremos además del Instituto Vasco de la Arquitectura-, además de un recorrido histórico institucional que cuenta con bases sólidas. Además, podemos contar con la aportación de colectivos y asociaciones que, planteados desde la sensatez, pueden contribuir a lograr el objetivo que todos perseguimos, que no es otro que ofrecer a las próximas generaciones una ciudad de la que puedan seguir sintiéndose orgullosos.

    Por todo ello, como alcalde, muestro mi disposición para acometer esta cuestión sin dilación, de una forma ordenada y rigurosa, y a poner los medios necesarios para conseguir el objetivo que compartimos todos quienes amamos y sentimos nuestra ciudad, que no es otro que el de buscar el equilibrio entre la protección de lo que merecer ser protegido y la necesaria evolución de la ciudad.

    Iruzkina utzi →

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